El fraude fiscal es un problema que preocupa a todos los gobiernos debido a su impacto directo en la economía. Europa lleva años proponiendo grandes cambios a nivel de fiscalidad, con diversas normativas en pro de la transparencia que están surgiendo en los países miembros a raíz de la transposición de la directiva 2016/1164.
España no es una excepción. De hecho, la situación en nuestro país es especialmente compleja. La coexistencia del régimen fiscal ordinario y el foral ha derivado en la convivencia de distintas legislaciones: Ley Antifraude (Veri*factu) a nivel nacional y TicketBAI en el País Vasco. Dos normas recientes a las que debemos sumar el ya vigente SII y la Ley Crea y Crece.
Ante tanta variedad, las empresas no solo deben mantenerse informadas sobre qué normativas les aplican, sino que, además, se han de adaptar para evitar sanciones. Afortunadamente, cuentan con un aliado estratégico: la digitalización de sus procesos de facturación.
Mejorar la transparencia fiscal
España lleva ya tiempo trabajando en la digitalización del sistema fiscal para evitar el fraude y modernizar la comunicación de las empresas con la Administración. En 2013 se implantó la factura electrónica para transacciones B2G y, más tarde, en 2017, el SII (Suministro Inmediato de Información), que obliga a las empresas con una facturación anual superior a los seis millones de euros a declarar electrónicamente la información de las facturas emitidas y recibidas enviando los libros de registro electrónicos a la AEAT.
Un hito importante en este camino hacia la transparencia fiscal es la Ley Antifraude de 2021. Su borrador técnico indica que cualquier sistema de facturación en España debe incluir un software (sistemas Verifactu y No-Verifactu) que asegure la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Con un objetivo similar nacía TicketBAI, impulsada por las tres haciendas forales vascas y el Gobierno Vasco. Esta normativa fiscal, pionera en España, ya es obligatoria en las provincias de Álava y Guipúzcoa, y se encuentra en período de implementación en Vizcaya (de 2024 a 2026).
Este tipo de normativas permiten ahorrar tiempo y recursos, impulsando la rentabilidad y competitividad de tejido empresarial
TicketBAI obliga a las empresas y a los autónomos a enviar electrónicamente a la Administración Tributaria las facturas emitidas mediante un software garante registrado en las tres haciendas forales. Además, el software debe encadenar las facturas para facilitar su trazabilidad, crear archivos XML de cada transacción, firmarlos con un certificado digital válido, enviarlos a la autoridad tributaria de cada provincia, almacenarlos durante el período requerido y generar el código QR y de identificación que ha de imprimirse en cada factura.
El avance de TicketBAI ha hecho que cualquier empresa que tenga su sede fiscal en el País Vasco tenga que cumplir con la normativa. Precisamente, empresas internacionales como Oracle han tenido que adaptar sus soluciones a la nueva legislación.
La llegada de VeriFactu
Siguiendo el ejemplo de la normativa vasca, está previsto que este año entre en vigor la Ley Antifraude, conocida como VeriFactu. Aunque la ley considerará las particularidades de Canarias, Ceuta y Melilla a nivel legislativo, será de aplicación a todo el territorio español. Además, será compatible con el sistema SII y, en el caso del País Vasco, con la mencionada TicketBAI. También con futuras legislaciones fiscales en la Hacienda foral de Navarra.
En el caso de la Ley Antifraude, el reglamento técnico contempla dos modalidades de cumplimiento: mediante un software VeriFactu (de ahí el nombre popular) o mediante un software No-Verifactu. Mientras que los sistemas Verifactu funcionarán de un modo similar a TicketBAI, enviando los registros de facturación a la AEAT en tiempo real, el modo No-Verifactu contempla la firma electrónica y otros requisitos técnicos más complejos que será necesario estudiar en profundidad una vez se apruebe la Orden Ministerial de la ley.
En caso de incumplimiento, la norma contempla sanciones, tanto para el contribuyente (hasta 50.000€ al año), como para la empresa desarrolladora/distribuidora de software (hasta 150.000€ por cada año en que se hayan realizado ventas y por cada tipo de sistema informático objeto de la infracción). Por lo que recomendamos encarecidamente a empresas y autónomos que se informen lo antes posible sobre esta normativa y cómo garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.
Factura electrónica
Como estamos viendo, 2024 es un año importante para la fiscalidad española. No solo está prevista la entrada en vigor de VeriFactu, sino también de la Ley Crea y Crece. Como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en respuesta a las demandas europeas, se espera que este reglamento entre en vigor a partir de 2025, lo que obligará a empresas y autónomos a facturar mediante factura electrónica en todas las operaciones B2B.
Según un informe elaborado por la Cámara de Comercio de España, el 29,9% de los empresarios consideran la elevada presión fiscal como una de las dificultades más importantes que están sufriendo las compañías españolas. Es cierto que en nuestro país el sistema fiscal es especialmente complejo y que la simultaneidad de tantas normativas puede ser un gran reto.
Avanzar hacia la transparencia fiscal y la digitalización de todo el proceso de facturación es fundamental para las empresas
Sin embargo, avanzar hacia la transparencia fiscal y la digitalización de todo el proceso de facturación es fundamental, y son las propias empresas las primeras interesadas. Según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito de Crédito y Caución e Iberinform, el 47% de las firmas españolas afronta importantes pérdidas de ingresos a causa de la morosidad. Esto se controlará en un futuro, entre otros aspectos, a través de la Ley Crea y Crece.
Además, aunque adaptar los procesos a este tipo de normativas supone un esfuerzo, actualmente ya existen en el mercado diferentes herramientas que allanan el camino. Un ejemplo es SIGN ES de fiskaly, una solución que está disponible para TicketBAI, VeriFactu y factura electrónica B2B, que asegura el cumplimiento normativo manteniéndose siempre actualizada y conectándose a las aplicaciones de facturación vía API.
En definitiva, prevenir el fraude fiscal y digitalizar los negocios y la Administración es una necesidad, especialmente en un mercado global y cada vez más digital. España está avanzando mucho en este sentido y en breve veremos como nuestro panorama fiscal cambia radicalmente. Este tipo de normativas permiten a las empresas ahorrar tiempo y recursos, y esto nos lleva a impulsar la rentabilidad y competitividad de nuestro tejido empresarial de una manera significativa.
